El
principio y el móvil de la tiranía es únicamente el miedo.
Víctor Alfieri. De
la tiranía
El Consejo de la Facultad
de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, en su sesión
del día martes 20 de junio, ejerciendo su inalienable derecho
a la participación en los asuntos públicos, el derecho a la libertad de
expresión y el derecho a la libertad de conciencia que tienen los ciudadanos
venezolanos, según lo que contempla el artículo 62 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, acordó
emitir un pronunciamiento público ante los hechos que reflejan la escalada de
violencia de la que ha sido víctima el país en las últimas semanas.
Estamos viviendo una crisis sin precedentes en la
historia de la República; la violencia se ha instalado como el componente más
significativo de los últimos acontecimientos. El Ejecutivo
Nacional no emite disposición alguna para impedir la consumación de delitos, ni
para resguardar la integridad y la vida de los ciudadanos. Por el
contrario, vemos con estupor cómo los organismos de seguridad del Estado —fuera
de todo orden social—, ejercen una violencia horizontal con la que
exhiben una faceta sombría y perversa como únicas razones por encima de la moral.
Se evidencia en las
instituciones del Estado la ruptura y el quebrantamiento de los valores morales
porque no son respetados; esto sin duda modela una sociedad en la cual las
acciones violentas se ven validadas y destacadas porque su interés reside en la
disolución de los marcos sociales. El rol del Estado no es tomar partido
político sino poner un marco legal a todos por igual.
Los cuerpos represivos del Estado se muestran como seres desarraigados
que incurren en la transgresión de las leyes y las normas sociales, promoviendo
la convulsión política que potencia todas las formas de violencia. Axioma
criminal en escalada y lo que es peor, impunidad. El quebrantamiento de la
ley está presente; el muestrario delictivo que ejerce
la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional es tan elevado que
difícilmente admite equivalente: robo, tortura, detenciones arbitrarias mediante subterfugios jurídicos, vejámenes y en
esta última escalada, el asesinato, el homicidio sin máscara, sin neolengua que
valga. A la usanza de los viejos caudillos, se confunde autoridad con abuso de
poder.
Como una historia que
enfatiza en la opresión, los voceros del gobierno sólo muestran una terca militancia que
redunda en el fanatismo enfermizo y en el desconocimiento de la protesta
pacífica que a todas luces circunda la
República entera. El uso de armas de fuego por parte de la gnb, ha dejado un altísimo saldo de
ciudadanos heridos e incluso muertos que, lastimosamente, pasan a engrosar la
enorme lista de víctimas de la represión desmedida contra la libre protesta.
Adicionalmente, la justicia militar ha hecho sentir su acción represora al
detener en el mes de mayo a
catorce jóvenes en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, siete de los
cuales recibieron medida privativa de libertad y se les ordenó la cárcel de La
Pica, estado Monagas, como centro de reclusión; en el mes de junio imputó a
estudiantes universitarios de la udo
y la ucab (Ciudad Bolívar, Guayana),
los cuales fueron arbitrariamente detenidos en la cárcel El Dorado, retén de
máxima seguridad, negándoseles la visita
de los fiscales del Ministerio Público para constatar su situación de salud y
detención, así como la de sus familiares. Ha comenzado a naturalizarse lo
inaceptable como es la detención de jóvenes en centros de reclusión de presos
comunes de alta seguridad, en zonas muy lejanas a donde se realizan los
juicios, Incomunicación prolongada, con la participación de tribunales militares
y juicios militares a civiles.
Lo anterior sólo pone
en evidencia una terrible crisis social y política, donde el problema se genera
porque aquellos que deben garantizar la vida de los ciudadanos llegan a los
peores extremos de la maldad para legitimarse. La desmedida represión a la que
la ciudadanía se ve expuesta pone a prueba a los individuos y nuestros jóvenes
con mayor vulnerabilidad son las principales víctimas de esta conducta extrema
que reduce y causa irreparables daños a la ciudadanía. Por otra parte, la
sistemática táctica represiva obliga a pensar que se trata de un plan
preconcebido con el objeto de paralizar y amedrentar a la población imponiendo
el silencio, el temor y la resignación.
Como universitarios, elevamos
un reclamo de justicia por las muertes que no debieron ocurrir, por una
ciudadanía asediada por la violencia criminal e institucionalizada.
Exigimos al Estado el
cumplimiento del artículo 68 de la Constitución nacional que expresa
claramente: “Se
prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas”.
Exigimos al Estado prohibir de manera expresa a los cuerpos
represivos las detenciones arbitrarias porque constituyen una práctica criminal
que atenta contra los Derechos Humanos.
Exigimos
la prohibición del porte de armas a la población civil, situación que contribuiría
en detectar la presencia de individuos o grupos armados al margen de la ley,
los cuales abiertamente han venido operando en las manifestaciones pacíficas.
Exigimos que se identifiquen los
efectivos militares que participan en el «mantenimiento del orden» con
el fin de impedir la impunidad en los casos de violación de los Derechos
Humanos. La responsabilidad penal es individual y esto contribuye a llevar por vía judicial y
no de manera política cualquier delito cometido por un
efectivo militar. Pero también se debe recordar que entre los
militares la responsabilidad no solo es individual sino que también es de la
línea de mando.
Exigimos que se prohíba
portar armas a los funcionarios de “inteligencia” del Estado que participan de forma
encubierta en actividades de orden público, manifestaciones y protestas. La
presencia de estos ha sido un factor de violencia, tal como ha quedado
demostrado durante los últimos trágicos eventos.
Como
universitarios respetamos las distintas opiniones, pero exigimos respeto y
ponderación en la expresión de las ideas, sobre todo no podemos avalar la
trasgresión de los límites civilizados hacia la violencia, porque la
resistencia es una actitud de rechazo frente a cualquier tipo de opresión u
obstáculo que nos obliga a hacer o ser lo que no deseamos.
Exhortamos a la ciudadanía a ser
cauta y reflexiva frente a los acontecimientos que vendrán, porque esta escalada
de violencia, podría ser utilizada para justificar la imposición de un
autoritarismo que se escudará detrás de la seguridad social para desaparecer y
reprimir a los que reclamamos públicamente vivir en un país más justo y
soberano. La violencia que se impone desde el Estado es claramente el primer desencadenante
de la descomposición social.
Este comunicado se emite con el ánimo de contribuir con el respeto a
los Derechos Humanos y la paz de la República.
Dado, firmado y sellado
en el salón de sesiones del Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de
la Universidad Central de Venezuela,
a los veinte días del mes de junio de dos mil diecisiete.
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